La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) reiteró ayer en Cartagena sus discrepancias y coincidencias con el Gobierno frente a la reforma tributaria, pero también presentó su contrarreforma, que a juicio de su presidente ejecutivo, Jaime Alberto Cabal, es una “propuesta con una meta de recaudo más moderada”.
Atrás quedará el uso de la cédula amarilla de hologramas, la que masivamente usan los ciudadanos nacionales. A partir de este jueves, 1 de septiembre, se dejarán de producir dichos documentos, para así empezar un proceso de masificación de la cédula digital.
Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, aseguró ante las comisiones económicas del Congreso que los ejes que serán la base del Plan Nacional del Desarrollo será el ordenamiento territorial; la seguridad humana con inversiones en educación y salud; la aplicación de la seguridad alimentaria con el aumento en la producción del agro; la transformación de la matriz energética; y reducir las brechas de desarrollo entre los municipios.
El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, deberá entregar un informe a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, un detallado informe sobre cuál es el estado en que se encuentran las deudas de la nación, por cuanto existe gran incertidumbre de los colombianos frente al futuro de las finanzas del país.
En tal sentido la representante a la Cámara del Partido de la U, Saray Elena Robayo Bechara, integrante de la Comisión Legal de Cuentas, citó a Ocampo para que explique, en detalle, el estado de las cuentas oficiales del Estado.
¿Es cierto que se pueden bajar del objetivo de recaudo entre $24 y $25 billones en por lo menos hasta $16 billones?
¿Sabe si le toca declarar renta o no y cuándo le toca? Y lo más importante, ¿sabes qué pasa si no declaras o lo haces de manera extemporánea?
Las ventas de Colombia sumaron US$7.314 millones, que representa un incremento de 40,8% contra los US$5.194 millones que se presentaron en el 2021. El monto alcanzado también superó en 68,1% los US$4.350 millones de 2020 y en 18,5% los US$6.171 millones alcanzados en 2019, cuando aún no había impacto de la pandemia.
Se trata de trámites que deberían haberse simplificado antes del 31 de diciembre de 2021, pero no se reportó su cumplimiento. Este balance es hecho por orden de la Ley anti-trámites, 2052 de 2020.
El ministro Prada aseguró que la reforma será casi que total al articulado actual de esa ley, “la modificación a la ley de orden público o Ley 418, la que da facultades precisamente para crear las condiciones de los diálogos con los grupos alzados en armas, esa ley la hemos sometido a una revisión, no sólo se va a hacer como se hizo en años anteriores que era prorrogar el término de las facultades que tiene el presidente sino que vamos a hacer una nueva ley con toda una política de paz”.
